California acaba de otorgar al estado un poder que debería helar la sangre de toda madre y de todo padre en Estados Unidos. Con el AB 495, firmado por el gobernador Gavin Newsom, cualquier adulto que afirme ser pariente de un niño —incluso sin prueba— puede actuar de inmediato como “cuidador” de ese menor. Sin firma de los padres. Sin verificación. Ni siquiera una llamada de cortesía.

Jonathan Keller, de California Family Council, lo dijo con claridad:

El AB 495 despoja a los padres de sus derechos constitucionales y se los entrega a desconocidos no verificados.

Analistas legales han sido aún más tajantes, calificándolo como “el proyecto de ley soñado por un depredador de menores” y advirtiendo que, en la práctica, legaliza una forma suave de secuestro sancionado por el estado.

Según el proyecto, una sola declaración jurada sin control puede inscribir a un niño en la escuela, autorizar tratamiento médico y otorgar a un adulto no relacionado una custodia funcional, mientras que los verdaderos padres siguen siendo los “tutores legales” solo en el papel.

Pero California no está abriendo camino: lo está siguiendo.

Oregón abre el camino

Los padres en Oregón ya han visto adónde conduce esta filosofía.

Alyssa Johnson, una madre de Oregón, describió el momento en que su hija adolescente desapareció en una red de refugios juveniles, programas y hogares de acogida “afirmativos”, todo desencadenado porque la adolescente dijo que “no se sentía segura” por un desacuerdo sobre identidad. No hubo abuso, ni negligencia, ni evidencia de daño. Pero bajo el ORS 419B.150, “no sentirse segura” bastó.

A partir de ese momento, Johnson quedó completamente al margen. No recibió actualizaciones, ni dirección, ni cooperación de la policía o de las agencias. Ni siquiera pudo presentar un informe de persona desaparecida, ya que el estado conocía el paradero de la menor.

Mientras tanto, a su hija se le concedió acceso a vivienda, teléfonos, ayuda alimentaria, consejería e intervenciones médicas que normalmente requerirían la participación de los padres.

Johnson concluyó que lo que estaba presenciando no era solo burocracia, sino un sistema coordinado que se beneficia de separar a los niños de sus familias. Como escribió, "Este es un modelo de negocio. Un tipo de trata en una forma nueva." Se pagaba a los programas. Se pagaba a las clínicas. Se pagaba a los hogares de acogida. Las únicas personas sin voz alguna eran los padres.

El AB 495 de California hace eco de los mismos mecanismos que Oregón ha estado usando durante años: sistemas que tratan al estado como el verdadero padre y reducen a las madres y a los padres a simples espectadores en la vida de sus propios hijos.

Una pesadilla sueca

Al otro lado del Atlántico, los padres cristianos Daniel y Bianca Samson han estado viviendo esta pesadilla en Suecia por más de dos años.

Su calvario comenzó cuando su hija mayor hizo en la escuela una denuncia falsa de abuso —acusación que después se retractó.

Las autoridades etiquetaron a los Samson como “extremistas religiosos” simplemente porque asistían a la iglesia con regularidad y establecían límites normales sobre la ropa y el maquillaje. Aun después de completar cursos de crianza exigidos por el estado y de recibir evaluaciones favorables de terapeutas, se les negó la reunificación.

Como resultado, se llevaron a sus dos hijas. Las niñas han sido trasladadas de un hogar de acogida a otro y separadas entre sí por cientos de millas. Están mostrando señales claras de trauma emocional, regresión en su desarrollo y angustia debido a su desplazamiento continuado.

Los Samson agotaron todas las vías legales y ahora han llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando violaciones de la vida familiar y de la libertad religiosa.

Su experiencia muestra lo que sucede cuando las agencias estatales redefinen la crianza normal como “extremismo”: la instrucción religiosa y todo instinto protector de una madre o un padre se vuelve sospechoso.

Una amenaza clara y presente

Grupos de defensa como California Family Council instan a los padres de todas partes a mantenerse vigilantes: actualizar los registros escolares, emitir directivas por escrito que limiten quién puede actuar en nombre de sus hijos y apoyar activamente las impugnaciones legales que defiendan los derechos parentales desde su base.

Si un gobierno puede decidir que conoce mejor a tu hijo que tú, entonces está en juego la misma idea de familia —natural, bíblica y dada por Dios—.